Se participaba el mismo 14 de junio desde el Consistorio a los presidentes de la Sociedad de Labradores y de la Patronal “que busquen la posible manera de atender a la colocación de obreros al menos en número de tres cada una de ellas”, y el 15 se notifica sobre empleo en el ramo de construcción y se cita a reunirse el día siguiente a las 8 de la noche al presidente de la Patronal Bañezana y al maestro de obras Pablo Beaumont (asesor en ocasiones para las municipales) y 10 más. A todos ellos y al presidente de la Federación Local de Sociedades Obreras, además de otros 17 (entre ellos industriales como José Perandones Cabo y José Cabello Fernández, Melchor Quiñones, y Manuel Fernández Raigada) se les comunica el día 17 tener reunión el lunes 19 con el gobernador sobre ocupación de obreros. Después, el 21, la autoridad provincial urgía al Ayuntamiento a proceder a la mayor brevedad al arreglo de calles para proporcionar trabajo a los obreros parados y citaba para el día 26 a las 18 horas a Herminio Berciano Castro (de Sacaojos, docente –aunque sin titulación- represaliado también por el franquismo; firmaba unas veces H. B. y otras con su nombre sus colaboraciones en el semanario socialista astorgano El Combate), Tomás Valverde, Eugenio Sierra Fernández y Alejandro Plaza Fernández (de la Federación Local de Sociedades Obreras los dos últimos).
Varios comerciantes bañezanos denunciaban el 15 ante el delegado de Trabajo a otros tantos por abrir sus tiendas el día del Corpus Christi (festivo, a lo que parece), después de haberse citado a la alcaldía al presidente de La Caridad el día 12 para tratar sobre cierre y apertura de establecimientos (el de su cooperativa, por lo que hacía a esta asociación). Se notifica el 22 a un alto número de vecinos (28) para que cumplan las Bases de Trabajo en los ultramarinos (algunos de ellos eran Simón Anta García -sería represaliado económicamente en 1941 al aplicarle la Ley de responsabilidades políticas-, Marceliano Montiel, Emilio Alonso Ferrero, Baudilio Fernández, Robustiano Pollán, Toribio Santos Santos, Elías Tagarro, Herminio de Paz,…), y enteraban por entonces desde el Jurado Mixto de Comercio General a los alcaldes del partido judicial de La Bañeza (y seguramente de toda la provincia) sobre los preceptos y derechos laborales que rigen el sector. A mitad de julio volvería a requerirse a cinco de aquellos comerciantes para que respeten las disposiciones sobre descanso dominical, y se enviará a la delegación de Trabajo denuncia de Tomás Miranda Gervasi contra Enrique García por transgredirlas. De nuevo se urgirá por su observancia desde aquel organismo provincial a primeros de octubre, dirigiendo un escrito a la alcaldía bañezana para que proceda enérgicamente contra las infracciones de aquella normativa que se cometen aún en la ciudad, que, representada accidentalmente entonces por Ángel González, manifiesta en el bando emitido que “será inexorable proponiendo las sanciones que sus incumplimientos exijan”.
Se imponía el 20 de junio a Eugenio de Mata Alonso, José Seoanez Romero y Tomás del Riego Natal multa de 25 pesetas por infracción de la Ley de términos municipales; desde el Sindicato de Trabajadores de la Tierra denunciaba su presidente el 2 de julio a cuatro patronos agrícolas (Miguel Fuertes Valderrey, de la Sociedad de Labradores, y Ramón Sevilla, de la Asociación de Agricultores de La Bañeza y su Región, entre ellos), y el día 5 del mismo mes despachaba la delegación provincial de Trabajo una circular sobre la vigencia de aquella Ley, cuyo incumplimiento (en especial por la Azucarera Bañezana) había estado en el origen de los paros y la huelga, tras los que se reforzó la importancia de las Bases de Trabajo y su acatamiento, como denotaría que se enviara el día 4 desde el Consistorio bañezano a los alcaldes del partido, al presidente de la Patronal, al del Sindicato de Trabajadores de la Tierra, y al de la Sociedad de Labradores, copia del telegrama del delegado de Trabajo sobre las Bases de trabajos del campo; que se crearan a la altura del 21 de julio comisiones mixtas inspectoras con representación de las asociaciones patronales y obreras; la atención a las denuncias y protestas el 31 de los dependientes de las peluquerías bañezanas “contra el poder de los patronos peluqueros que no respetan la jornada” (cuya relación de infractores solicitarían el 23 de agosto desde el organismo laboral de la provincia); y el establecimiento de un pacto entre los farmacéuticos y los auxiliares de farmacia que se aprobaba el día primero de aquel mes por la presidencia de los Jurados Mixtos de Trabajo de León, después de que el 4 de julio se le hubieren remitido los horarios de las farmacias de la ciudad.
Por entonces se hacía preciso que desde la delegación provincial de Trabajo se recuerde mediante circular la vigencia del decreto de 28 de abril de 1931 para la contratación de obreros agrícolas del propio término en el que se realizan las faenas, legislación que los Agrarios pretendieron derogar mediado julio por la proposición parlamentaria que se les desechó, cuando había en Fabero 150 obreros en huelga por no haber alcanzado un acuerdo sobre el abono de los jornales percibidos durante el periodo de vacaciones (desde noviembre de 1931 la Ley de contratos de trabajo del ministerio de Largo Caballero establecía 7 días pagados por año). El frustrado intento (por ahora; el 30 de septiembre se materializaría en parte) de suprimir o retocar la Ley de términos municipales debió de generar que se aplicara con mayor celo, pues a la altura del 19 de agosto en la provincia de Madrid se habían impuesto a propietarios agrícolas de unos 22 pueblos multas por importe de 300.000 pesetas por tener contratados para la recolección segadores gallegos, junto con los portugueses, ambos por ínfimos salarios, los mayores perjudicados por aquella legislación que al igual que las Bases de Trabajo abundantemente se incumplía aquellos años y contra la que dirigirían en 1934 y 1935 su revanchismo los patronos.
Desde final de junio y durante todo julio se produce una notable avalancha de peticiones de vecindad por parte de numerosos residentes bañezanos, al amparo de las disposiciones municipales que la regulan y motivadas por lo necesario que resulta ostentarla a quienes pretenden trabajar, dadas las prioridades pactadas después de la huelga general para acceder en La Bañeza a los empleos (primero los vecinos, luego los residentes, y por último los demás domiciliados), tan escasos en general y también en la provincia leonesa, en cuya capital ya al inicio de mayo se establecía una Junta formada por el gobernador, alcalde, presidentes de las dos Federaciones Obreras (de adscripción socialista y comunista la una y anarquista la otra), e ingeniero jefe de Obras Publicas para activar toda clase de construcción que pueda poner fin al paro obrero, y se instituía el “día del parado”, en el que cada obrero activo depositará el importe de un día de trabajo destinado a los que se hallan sin él, tan abundantes como para que en aquellos tiempos en los que desde el crack de 1929 la inmigración, limitada y sujeta a contingentes, venía siendo mucho más de regreso que de ida, el ministerio de Estado envíe al Ayuntamiento bañezano (a su petición seguramente, y urgido por quienes aún pudieran ver en la emigración la solución al paro) las disposiciones que regulan la entrada de emigrantes en Inglaterra, como poco antes había remitido las que lo hacían para Colombia, y haría al inicio de diciembre con las establecidas para Francia, después de que a mitad de octubre enviara el entonces reciente Decreto sobre inmigrantes pobres, a los que el Estado facilita emigrar abonándoles el pasaje, que después han de reintegrar. A la mitad de julio se manifestaban en La Bañeza quejas sobre el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo (no se dan de baja en ella algunos de los que hallan empleo, y otros se apuntan en la Casa del Pueblo en lugar de hacerlo en el Ayuntamiento), y se acuerda que se encargue de la misma el auxiliar de la secretaría Manuel González González.
También según lo pactado en la solución de la última huelga (de la construcción), se presenta a la Corporación a primeros de agosto el dictamen del arquitecto municipal clasificando a los albañiles que trabajan en las obras de las escuelas a efecto de adjudicarles los salarios. Se les realiza una prueba, y según ella son oficiales de primera (“el que levante ladrillo,..” establece el pacto) Cayetano González Lorenzo, Alejandro Plaza Fernández y otros. Dada la vaguedad con la que las bases acordadas califican a los oficiales de segunda, se considera acertado para aquellos el salario de 10 pesetas por jornada. Se aprueba por mayoría la propuesta, con los votos de los concejales socialistas y el alcalde.
Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras de la provincia, de 1808 a 1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)
