Concejales elegidos sustituidos por gestores impuestos
El día 6 de octubre de 1934, estallado ya el anunciado movimiento revolucionario en Asturias y en otras zonas del país, y declarada la huelga general en La Bañeza, llegaba del gobernador civil aviso telegráfico que ordenaba cesar como alcalde accidental al concejal socialista y primer teniente Ángel González González (sustituía al titular, Juan Espeso González, de permiso desde el 17 de septiembre), destituyéndolo quizá también como edil, pues ya ni siquiera como tal asiste a los siguientes plenos celebrados antes de que la corporación elegida el 31 de mayo de 1931 sea suspendida el día 15 de aquel mes.
A las nueve de la noche de aquella fecha, previa citación del comandante del puesto de la Guardia Civil, el cabo Pedro Lagarejo Villar, y por orden del gobernador, se reúnen en la Casa Consistorial parte de los concejales separados y salientes y las personas designadas como concejales interinos para sustituirlos: Julio Fernández de la Poza (industrial), como alcalde, y como regidores Conrado Blanco León (industrial), Tomás Pérez Benito, Gumersindo Fernández Astorga (tratante de ganados), Julio Fernández y Fernández Núñez (abogado; ya había sido alcalde en 1912 y en 1914-1915, y diputado provincial en 1923-1924 y 1930-1931), César Seoanez Romero (labrador –uno de los mayores contribuyentes por rústica- y concejal en la última corporación de la dictadura; sería uno de los 24 derechistas detenidos en la madrugada del 20 de julio de 1936 por su adhesión a los golpistas), José Perandones Cabo (industrial), Luís Domínguez García, Martiniano Pérez Arias (médico; alcalde de 1918 a 1920; en la primavera de 1936 figurará como uno de los falangistas bañezanos), Servando Juárez Prieto (maestro), Severino Hernández Canelas (industrial), y Ceferino Martín Martín (industrial, alcalde en 1917), a los que el cabo de la benemérita da posesión de sus cargos, que aceptan pacíficamente y sin reclamación alguna, acatando todos, los nuevos y los cesados (incluido Ángel González, que asiste a la sesión), las órdenes de la superioridad. De ellos, el designado alcalde, Julio Fernández de la Poza, era propietario-director de Reclamos de la Poza (“Representación en Londres, casa central en España, en La Bañeza; concesionario exclusivo de las principales novedades de propaganda y reclamo de Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Italia y Estados Unidos de Norte América”, proclamaban sus anuncios. Solía surtirse de productos también en Leipzig, Alemania). Tomás Pérez Benito, de 39 años, figuraba como dependiente de comercio, seguramente en el de tejidos de su hermano Patricio (de 48 años) en la Plaza de Fray Diego Alonso o en el propio, heredado de su madre, viuda de Tomás Pérez García, en la calle de Pérez Crespo.
Mediante la monárquica Ley municipal de 1877 y previa investigación gubernativa (lo que no se hizo tras las decisivas elecciones de 1931), fueron sustituidas en todos o en la mayoría de los ayuntamientos las corporaciones y los concejales socialistas por otras y otros de matiz republicano radical y por militantes de Acción Popular, y en esta situación se llegará hasta febrero de 1936, en que tras las elecciones generales serán rehabilitados los ayuntamientos de elección popular de 1931. También fueron sustituidos los ediles socialistas en la corporación de Astorga.
Se constituyó después en La Bañeza la nueva corporación, presidida por el alcalde designado y con Ceferino Martín como primer teniente de alcalde; César Seoanez como segundo, y José Perandones como regidor síndico. El único propósito que la anima es el beneficio de los intereses morales y materiales de la ciudad, alejados de toda bandería política, dirá el rector municipal en un bando el día 17, en el que explica que el concejal Ceferino Martín intentó renunciar al cargo, y advertido de la obligación de obedecer órdenes del mando, solamente por acatamiento a la autoridad y teniendo en cuenta las actuales circunstancias lo acepta, pero reservándose el derecho de renunciar en el momento oportuno, alegando motivos que a su juicio le relevan de tal obligación. A Julio Fernández y Fernández Núñez, que no acudió a aquel pleno y que aún no ha aceptado la designación gubernativa, se le remite oficio, según acuerdo de la corporación en el de aquella fecha (a propuesta de Ceferino Martín) “rogándole acepte el cargo de concejal designado, por estimar necesaria y útil su valiosa colaboración, máxime en las circunstancias que actualmente atraviesan España y esta ciudad”, ruego que no tendrá en cuenta, pues se notificará en la sesión del 22 de octubre que se ha ratificado en su rechazo al nombramiento. Al edil Conrado Blanco León se le hace saber que ha de optar entre este cargo y el de fiscal municipal (en el que cesará), pues ambos son incompatibles.
Se forman en el pleno del día 17 las comisiones municipales, de Obras, Hacienda, Mercados, Beneficencia, Cementerio, Matadero, Música, Luz, y Policía Rural. De la comisión especial de Aguas forman parte los ediles Martín, Seoanez, Pérez Arias, Hernández y Perandones, y se designa al regidor Juárez Prieto vocal representante del ayuntamiento en el Consejo local de Primera Enseñanza. Se resuelve también que los serenos presten individualmente su servicio y no por parejas, como se venía haciendo.
Siendo facultativo de la corporación la elección de alcalde-presidente, se procede en la sesión del día 22 a elegirlo por votación entre los concejales designados, presidiendo la misma el de más edad, Servando Juárez Prieto, y resultando elegido Julio Fernández de la Poza con nueve votos y uno en blanco (no asistía por causa justificada el corporativo Pérez Arias). Una gestora municipal integrada por pudientes (industriales muchos de ellos), radicales lerrouxistas correligionarios de Herminio Fernández de la Poza (seguramente algunos más de los que como Ceferino Martín –y el alcalde, hermano del exdiputado- sabemos con certeza que lo eran), y en su totalidad gentes de orden, hasta el punto de que ya en 1939 el ahora regidor Julio Fernández de la Poza volvía a serlo y disponía de capacidad para interceder aminorando la represión destinada a algún desafecto bañezano, como será el caso del joven socialista Gabriel González González, a quien, de no mediar su intercesión, por su posición y trayectoria en la guerra civil recién finalizada le hubieran correspondido mayores represalias (según él mismo nos contaba en noviembre del año 2007).
Aquel ayuntamiento, que se pretende alejado de la política (aunque algunos de sus gestores, allegados y mentores llegaran a ser represaliados políticamente por el franquismo), parece especialmente preocupado por lo administrativo y por la mera gestión de los asuntos municipales (como otros entonces designados: al de Valladolid “exhorta el gobernador civil a que dentro del Consistorio no se hable de política, dedicando su energía y entusiasmo a la administración”).
La renuncia de los gestores gubernativos
Antes de comenzar el despacho del orden del día en el pleno bañezano del 18 de diciembre de aquel año 1934 manifiesta el alcalde en nombre de todos los concejales que “en virtud de las circunstancias políticas del momento (se había producido cambio de gobierno el día 14, el primero de Portela Valladares después de la crisis acontecida el día 9 en el tercero radical-cedista y segundo encabezado por Joaquín Chapaprieta) concreta su pensamiento y el de todos proponiendo que se deben de poner a disposición del gobernador civil sus cargos de gestores, sin que ello signifique protesta alguna contra el ejecutivo constituido” (en el que se había dejado fuera a los representantes de la CEDA), proposición que todos aprueban por unanimidad, acordando que así se transmita a la autoridad provincial, lo que se hará aquel mismo día (el 22 se le remite la relación de los gestores con sus respectivas filiaciones políticas). El edil Martiniano Pérez Arias dirige unas palabras de despedida y gratitud a sus compañeros, en especial al presidente (“un ejemplo de rectitud y probidad como no se han conocido muchos en estas latitudes municipales”, dice), con los que en la gestora ha marchado en todo al unísono, y anuncia que se retira de su puesto. El regidor Ceferino Martín se adhiere a lo expuesto por Pérez Arias, y él y el alcalde le ruegan que continúe y espere hasta la admisión de la renuncia por el gobernador, que debió de admitírsela esta vez, aunque parece que solamente a él (la tercera que se producía, de las cuatro pretendidas a lo largo del mandato), pues no concurre a ninguna más de las sesiones que aquella gestora municipal celebra hasta ser sustituida el 21 de febrero de 1936 por la corporación electa en mayo de 1931 y destituida al inicio de octubre de 1934.
Del libro LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras de la provincia, de 1808 a 1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en www.jiminiegos36.com)