El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia, dada a conocer ayer, por la que desestima el recurso de apelación presentado por la UTE Legio VII y da la razón al Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo sobre la ilegalidad del procedimiento seguido por el consorcio Gersul para aprobar el proyecto de sellado de balas de basura en el vertedero de El Busto’, localizado en Santa María del Páramo. Así, el TSJ descarta el soterramiento planteado, que preveían un coste de 3,6 millones para una actuación que duraría año y medio.
El motivo principal en el que se basa la sentencia es que el órgano que aprobó el proyecto no era el competente para contratar, en aplicación de los estatutos de Gersul y de la Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, fue aprobado por la Junta de Gobierno y Administración de Gersul cuando debía haber sido aprobado por la Asamblea General. También se señala que la información pública del proyecto era necesaria y su omisión, incluso a pesar de que se había acordado expresamente que se iba a realizar ese trámite, es causa de anulabilidad.
Finalmente, se reconoce expresamente que el Ayuntamiento de Valdefuentes tiene un interés legítimo para actuar contra este proyecto por ser su término limítrofe con el vertedero y anula definitivamente el acuerdo de Gersul impugnado, imponiendo las costas a la UTE Legio VII.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Valdefuentes, que siempre se ha manifestado en contra del almacenamiento de la basura en el borde de su término municipal, pide que la Junta que impulse en la práctica la decisión, ya hecha pública -recientemente aludió a ella el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, de retirar las balas de basura de la finca de El Busto y trasladarlas al Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega.
La representación legal del Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo, tras esta nueva sentencia en la batalla jurídica iniciada desde hace casi diez años, valora “muy positivamente esta decisión judicial” y considera que “supone la puntilla definitiva a la solución ilegal de sellar las balas in situ en Santa María del Páramo, no quedando otra solución que aplicar a este vertedero ilegal el tratamiento que la ley impone” tal como adelantó el Procurador del Común en su día.
