El Pleno de la Corporación Municipal bañezana ha aprobado este jueves, 27 de febrero, en el transcurso de una sesión de carácter extraordinario el primer reconocimiento extrajudicial de créditos del año 2014, expediente que alcanza un importe superior a los 240.000 euros y que contó con el apoyo de los tres grupos políticos para permitir a las arcas públicas bañezanas hacer frente al pago de una serie de facturas que los proveedores municipales remitieron al Ayuntamiento en los últimos días del 2013 o en enero de 2014, así como aquellas obligaciones que fueron facturadas fuera de los límites contemplados en las partidas presupuestarias.
Según explicó el edil responsable de Hacienda, Tomás Gallego, el expediente alcanza un importe total de 241.749 euros, obligaciones emitidas por alrededor de 80 proveedores municipales entre los que se encuentran gastos aplicables a numerosas partidas presupuestarias, especialmente lo que se refiere a consumo de suministros de gas natural y electricidad en los edificios públicos, cuyas facturas rondan los 104.000 euros, es decir, algo más de un 43 por ciento del montante total de la cuantía que ha de ser reconocida extrajudicialmente.
Por otro lado, cabe destacar que más de la mitad de las facturas incluidas en este plan de pago (47 de las 80) no superan los mil euros de importe total, por lo que se trata de pequeños pagos a proveedores locales en su mayoría, mientras que una veintena ronda entre los 1.000 y los 3.000 euros y diez ascienden a cantidades que van entre los 3.000 y los 10.000 euros.
Propuesta contra la Ley de Sostenibilidad
Además de este punto, en la sesión se debatió una moción del Grupo Socialista para que el Ayuntamiento de La Bañeza se sume a la plataforma de ayuntamientos que tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la administración local que pretende llevar a cabo el Gobierno de España, una propuesta que durante estos días está siendo debatida en numerosas corporaciones municipales y que en La Bañeza ha sido rechazada por los siete ediles del PP, cuya portavoz defendió por ser una normativa “que permita racionalizar el gasto público” y aseguró que “no se entiende por qué hay miedo de que un ente superior controle algunos asuntos”, mientras que desde el PSOE se tildó de “un mecanismo que intervendrá los ayuntamientos y hará que la brecha entre ciudadanos y políticos sea cada vez mayor, además de eliminar las competencias en materia social que son esenciales en el medio rural, favoreciendo la decadencia de los pueblos a favor de los núcleos urbanos”.
